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Nadie quiere alquilar su vivienda. El temor jurídico está latente y se repite en las empresas que han dejado de invertir en proyectos habitacionales nuevos por la falta de garantías legales y la aguda escasez de materiales. Todos los elementos se han encontrado para mantener el mercado inmobiliario paralizado al experimentar una contracción en el primer semestre del año de 90%.

La oferta de arrendamiento residencial ha registrado una caída de 98%, alertó la presidenta de la Cámara Inmobiliaria de Carabobo, Ingrid Suárez. Lo poco que se consigue es a un canon por encima del poder adquisitivo de los venezolanos.

En la región el único movimiento en cuanto a construcción de viviendas corresponde a la conclusión de obras iniciadas en años anteriores. No hay nada nuevo. No hay inversiones recientes ni proyectos para ser entregados en dos o tres años como solía comportarse el mercado.

La oferta y demanda inmobiliaria industrial también ha disminuido. Ese era un nicho importante en la región por ser el vértice de la manufactura en el país y con el puerto de carga y descarga de mercancía más importante de Venezuela."“Pero como hasta las importaciones están mermadas ya son pocos los que compran o alquilan galpones industriales”, advirtió César López, vicepresidente de finanzas de la Cámara.

El sector comercial, que se había mantenido estable dentro de la crisis,"de enero a junio de 2016 tuvo una severa afectación como resultado de los altos costos de producción y la escasez de materiales.

Depresión

El mercado secundario de viviendas es el único que ha sobrevivido. Pero la oferta supera en 90% la demanda existente. “Hay pocos compradores y muchas opciones de negocio”, indicó Suárez.

Pero eso no quiere decir que exista una recuperación "inmobiliaria. “Se necesita que todos los elementos que componen el sector estén activos y no es así."Estamos en una depresión profunda como el resto de la economía nacional”.

La inflación ha sido determinante."Solo 2% de la población tiene acceso a los créditos hipotecarios para los que se requiere tener un ingreso mensual por encima de los 300 mil bolívares."Y en muchos de los casos los montos aprobados no son suficientes para el pago ni de 30% del costo del inmueble.

Cierre de 20% de oficinas

Las consecuencias han sido frontales. Al menos 20% de los agremiados a la Cámara que agrupa a los empresarios del sector en la región ha dejado de prestar sus servicios.

Se trata de oficinas inmobiliarias y personas naturales que se dedicaban al negocio que han tenido que cambiar de actividad económica. Incluso,"algunas firmas importantes han retirado sus inversiones en el país y han migrado a otros.

Suárez fue enfática al cuestionar la falta de estímulos desde el Ejecutivo."“Nosotros participamos en cada una de las reuniones del motor número 10 activado por el Ejecutivo pero al parecer solo funcionaron para tomarnos fotos porque no se tomó en cuenta ninguna de nuestras exposiciones de motivos”.

Resolución viciada

El 21 de julio se publicó en Gaceta Oficial extraordinaria 6.241 la Resolución 152 que establece, bajo justificación del decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley que data del año 2011, la utilidad pública de un lote de 380 hectáreas en todo el país, entre las que están 79.566,97 metros cuadrados "ubicados en la zona “Valle de Bendiciones” del municipio San Diego.

El decreto de hace cinco años era temporal, su implementación se dio por una contingencia ambiental. Su aplicación en la actualidad es extemporánea.

En el caso de los terrenos de San Diego la medida se aplicó sin que exista un estudio previo de factibilidad que sustente o no la intención de realizar desarrollos habitacionales. En el lugar hay una comunidad improvisada producto de una invasión ocurrida hace siete años.

Suárez alertó que"la decisión del Gobierno se tomó sin que el propietario sea notificado, lo que representa una violación a la propiedad.

Se conoció que esas casi ocho hectáreas solo se podían construir 320 casas como las que se fabrican a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) y el déficit habitacional en el estado es de 400 mil unidades.

Fuente: El Carabobeño